Así afecta a México el huachicol fiscal
El huachicol fiscal: Un golpe millonario a las finanzas mexicanas aunque Luisa María Alcalde niegue la realidad.
El huachicol fiscal, un fraude sistemático basado en la importación irregular de combustibles desde Estados Unidos para evadir impuestos como el IEPS y el IVA, se ha convertido en uno de los mayores escándalos de evasión fiscal en la historia de México. Cifras oficiales de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) y la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) estiman que entre 2019 y 2024 se introdujeron más de 120 mil millones de litros de combustibles no declarados, causando pérdidas superiores a 554 mil millones de pesos. Investigaciones de la FGR revelan que entre 2024 y 2025, al menos 31 buques participaron en esta red, generando un boquete fiscal de hasta 200 mil millones de pesos al año, una cifra que ya supera al robo tradicional de combustibles.
Este delito es un golpe brutal al desarrollo nacional. El dinero robado por el huachicol fiscal no solo desapareció de las arcas públicas, sino que impidió construir cientos de hospitales, adquirir millones de medicamentos, contratar personal médico, levantar nuevas escuelas, pavimentar carreteras, mantener sistemas de transporte o ampliar redes de agua y drenaje. Es una traición a los contribuyentes y una carga directa sobre los sectores más vulnerables del país. Las pérdidas acumuladas desde 2022 superan los 744 mil millones de pesos, suficientes para duplicar el presupuesto de programas sociales como la Pensión del Bienestar o para construir obras estratégicas en todo el país. En 2024, este fraude le restó 0.66% al Producto Interno Bruto, agravando la desigualdad y frenando la recuperación económica. Además, se introducen combustibles de baja calidad que contaminan, dañan vehículos, afectan la salud pública y debilitan aún más a Pemex y a los servicios públicos que dependen de ingresos fiscales. Es un fraude monumental, sin precedentes, que está destruyendo silenciosamente el futuro del país.
La magnitud del problema es sistémica. Tan solo en 2024 se perdieron 177 mil millones de pesos por el ingreso ilegal de 18 mil millones de litros de combustible, y los daños totales desde 2019 ya ascienden a 4 mil millones de dólares. La Secretaría de Hacienda ha interpuesto 102 denuncias por un valor conjunto de 16 mil millones de pesos, pero el daño ya está hecho. Este desfalco no solo representa una crisis fiscal, sino una crisis moral y política, al privar al Estado de los recursos esenciales para garantizar derechos básicos como salud, educación y seguridad.
Todo esto contrasta con las declaraciones de Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, quien recientemente aseguró que el robo de combustibles "se terminó" durante el gobierno de López Obrador, reduciéndolo a simple contrabando desde EE.UU. Sin embargo, los propios reportes de Pemex indican pérdidas por 13 mil 122 millones de pesos en 2025 y 81 mil tomas clandestinas, un aumento del 37%. Estas cifras desmienten el discurso oficial y siembran dudas sobre la verdadera eficacia y transparencia de las políticas anticorrupción del actual gobierno.