Ariana García Vidal debe aclarar baja irregular de flotilla municipal
Tras la publicación de la investigación “Corrupción sobre ruedas” por parte de la organización Ciudadanos Observando, han salido a la luz graves irregularidades relacionadas con 27 vehículos —entre automóviles y camionetas— propiedad del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Estas unidades fueron dadas de baja de manera irregular en la oficina recaudadora de la Secretaría de Finanzas estatal, ubicada en Avenida Muñoz 650, interior D-15.
Los trámites fueron realizados por dos personas identificadas como Nely Elizabeth García Ramos y Emanuel Abraham Emanuel Martínez Ramos.
La primera, reportó como extraviadas las placas y tarjetas de circulación en el Estado de México y solicitó la baja de las unidades sin tener autorización. El segundo, obuvo los comprobantes de no infracción en una oficina de la Tesorería Municipal, en circunstancias aún no esclarecidas. La titular de la Secretaría de Finanzas, Ariana García Vidal, ha evitado pronunciarse al respecto.
Las preguntas se acumulan:
¿Por qué la encargada de la oficina recaudadora autorizó en diciembre de 2024 la baja ilegal de estas 27 unidades?
¿Cómo es posible que el Ayuntamiento afirme no conocer a la mujer que realizó los trámites, si ella contaba con todos los datos específicos de cada vehículo oficial?
¿Quién facilitó esa información?
¿Por qué se reportaron como extraviadas en el Estado de México las placas y tarjetas de circulación de estos vehículos?
¿Por qué el silencio de Ariana García Vidal?
Las respuestas no llegan, pero todo apunta a un trasfondo mucho más complejo que las autoridades intentan minimizar. Sin embargo, los documentos y las evidencias los contradicen.
El escándalo se desató luego de que Fernando Chávez Méndez, secretario del Ayuntamiento, protagonizara un accidente vial. El vehículo que conducía tenía placas reportadas como extraviadas desde el 5 de diciembre de 2024. Pese a ello, en febrero de 2025 se comprobó que la camioneta circulaba con las placas TL-4869-H, lo cual constituye una irregularidad grave. Aunque el Ayuntamiento trató de minimizar el hecho, la investigación reveló que otras 26 unidades estaban en la misma situación.
La pregunta sigue sin respuesta:
¿Quién está detrás del intento de desaparecer esta flotilla de vehículos arrendados por el Ayuntamiento durante dos años a la empresa Casanova Vallejo y luego comprados a un enorme sobre precio?
La investigación continúa. Las autoridades guardan silencio, pero las pruebas siguen hablando.