Arena Potosí, palenque y teatros de los parques Tangamanga no cuentan con permisos municipales

Mientras la dirección de comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí ha intensificado enormemente su revisión y ha clausurado una gran cantidad de comercios, ya sea pequeños, medianos y hasta ligados a conocidas cadenas comerciales, ha sido totalmente omisa y complaciente con diversos centros de espectáculos propiedad del Gobierno del Estado de San Luis Potosí como la Arena Potosí, los Teatros del Pueblo 1 y 2 de los parques Tangamanga, el Palenque de la Feria Nacional Potosina y, por supuesto, el Domo, este último un centro de espectáculos de carácter privado. Es decir, su trabajo ha sido selectivo y por años tolerante con los ya mencionados.

¿Por qué la dirección municipal que encabeza Ángel de la Vega no ha cumplido por años con su obligación? ¿Por qué le ha temblado la mano para clausurar la Arena Potosí, los teatros de los parques Tangamanga, el palenque? ¿Por qué el gobierno del estado que debe poner el ejemplo ha sido irresponsable y nunca ha realizado los tramites para obtener las licencias y permisos oficiales?

Una investigación realizada por Ciudadanos Observando y respaldada por información oficial del mismo Ayuntamiento de San Luis Potosí, obtenida mediante la solicitud de información 240474425000339, dejó al descubierto serias omisiones administrativas en diversos centros de espectáculos bajo el control del gobierno estatal y particular.
La solicitud formal se realizó con el objetivo de conocer la existencia de licencias de construcción, uso de suelo, funcionamiento, protección civil y venta de bebidas alcohólicas —tanto de baja como de alta graduación, (esta ultima la expide el mismo gobierno del estado no sin tener un uso de suelo para este giro)—, requisitos indispensables para cualquier inmueble que preste servicios comerciales, industriales o de entretenimiento, según la legislación vigente.

La respuesta fue proporcionada el pasado 15 de julio por la Unidad de Transparencia del Municipio, quien canalizó el requerimiento a las siguientes instancias municipales:
-Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos,
-Dirección de Protección Civil Municipal,
-Dirección de Administración Territorial y Desarrollo Urbano, y
-Dirección de Comercio.
De manera unánime, todas las dependencias informaron no contar con registro ni antecedentes documentales de permisos otorgados para los años 2024 y 2025 correspondientes a los recintos anteriormente señalados. Es decir, no existe constancia alguna de que estos espacios operen bajo el marco normativo que rige al resto de los giros comerciales y de entretenimiento en el municipio de San Luis.

El director de Protección Civil Municipal, Lic. Adrián Cortázar Ruiz, precisó que, en el caso de los inmuebles que pertenecen al Gobierno del Estado, los dictámenes de Protección Civil son responsabilidad directa de la Coordinación Estatal de Protección Civil, deslindando así la competencia del ámbito municipal. Sin embargo, la falta de licencias básicas como la de uso de suelo o funcionamiento no puede ser omitida ni justificada bajo este argumento, ya que son requisitos obligatorios independientemente del nivel de gobierno al que pertenezca el inmueble.

Además, es importante subrayar que la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de San Luis Potosí, en sus artículos 3 y 4, establece con toda claridad que cualquier establecimiento que pretenda expender bebidas alcohólicas, sin excepción, deberá contar con una licencia específica para tal fin, además de cumplir con todos los requisitos técnicos, legales y administrativos estipulados para su obtención.

De igual forma, el Reglamento de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios del Municipio de San Luis Potosí, en sus artículos 18, 20 y 21 en todas sus fracciones, obliga a todo establecimiento a tramitar previamente una licencia de uso de suelo, sin la cual no es posible obtener una licencia de funcionamiento ni una licencia para la venta de bebidas alcohólicas en ninguna de sus modalidades. Esto deja en evidencia que ningún establecimiento, público o privado, debería operar sin haber cumplido con estos requerimientos mínimos.

Conforme al artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios son autónomos en su régimen interior. Esto implica que el gobierno de un estado no puede interferir ni pasar por encima de las decisiones y reglamentos municipales, siempre y cuando estos se encuentren dentro del marco legal y constitucional.

Lo más alarmante es que estos espacios continúan operando con regularidad, recibiendo miles de asistentes en cada evento, sin que exista certeza jurídica ni técnica sobre su seguridad estructural, cumplimiento ambiental o normativas en la venta y consumo de alcohol.
Cabe recordar que, hace apenas unos meses, el centro de espectáculos El Domo fue clausurado por la Coordinación Estatal de Protección Civil, al detectarse que no contaba con la documentación obligatoria. Hoy, el mismo estándar parece no estar siendo aplicado a los recintos estatales, revelando un preocupante doble rasero en la aplicación de la ley. Incluso, cabe recordar que en la Arena Potosí ya se han registrado dos muertes: una de un trabajador durante la construcción y otra de un guardia privado en medio de un evento.

Una fuente al interior del cabido municipal, nos detalló como a mediados de enero, en una reunión entre regidores y funcionarios de la Dirección de Comercio del ayuntamiento, donde asistieron también representantes de la Canaco y Nuestro Centro, varios regidores preguntaron con fuerza si la Arena Potosí tenía los permisos necesarios para operar. Los funcionarios evitaron dar una respuesta directa, ya que no se trataba de cualquier negocio, sino del proyecto estrella de un gobierno más poderoso que el municipal.

Al final, no les quedó más que admitir que la arena no tenía ninguna autorización, por lo que estaba operando completamente fuera de la ley.
Cuando se les preguntó por qué no sancionaban al gobierno estatal, como harían con cualquier otro que incumpliera la ley, la respuesta fue clara: sabían con quién se metían y qué consecuencias tendría si hacían su trabajo.

Es por eso que, con toda la información revelada, nos obliga a preguntar y cuestionar: ¿cómo es posible que recintos públicos masivos operen sin cumplir los requisitos legales mínimos, mientras se exige su cumplimiento a empresarios particulares y organizadores independientes?

Lo detectado y comprobado por la investigación muestra un posible caso de negligencia por parte de las autoridades y pone en peligro la seguridad de miles de potosinos y visitantes que van a estos centros de espectáculos confiando en que todo está bien supervisado.