Amenaza de regresión histórica si desaperece el INAI
La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados por el primer mandatario de la nación Andrés Manuel López Obrador para eliminar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y transferir sus funciones a una dependencia federal y a las contralorías estatales representa un grave retroceso para la transparencia y un golpe histórico a los avances logrados en este ámbito.
La propuesta retrógrada busca que el gobierno, los ayuntamientos, los congresos y el poder judicial se conviertan en juez y parte, algo inadmisible que López Obrador pretende heredar. Actualmente, si el gobierno federal, los partidos políticos, el poder judicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e incluso el Instituto Nacional Electoral no cumplen con sus obligaciones en materia de transparencia, son sancionados por el INAI. Además, si una persona no recibe la información adecuada o alguna dependencia reserva la información de manera inadecuada, puede presentar una queja, y el INAI puede obligar al gobierno a entregar la información.
Con la regresiva iniciativa de AMLO, volveríamos a tiempos en los que los gobiernos actuaban como juez y parte, dejando a la ciudadanía completamente indefensa en sus derechos de acceso a la información pública. Si se concreta esta propuesta y se elimina el INAI, la Secretaría de la Función Pública asumiría sus funciones, lo que significaría que las quejas sobre el acceso a la información se dirigirían al propio gobierno.
En San Luis Potosí, la desaparición de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y la transferencia de sus funciones a la Contraloría General del Gobierno del Estado es igualmente preocupante. ¿Se imaginan qué ocurriría si el gobierno de San Luis Potosí fuera quien recibiera y atendiera las quejas de la ciudadanía en su contra? Esto es algo inaudito que debería encender las alarmas, pues todos los avances logrados se perderían y retrocederíamos dos décadas.
Esta iniciativa representa no solo un grave retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas, sino también una amenaza directa a los derechos ciudadanos y a la construcción de un gobierno más abierto y democrático.