Alarmante iniciativa del diputado Héctor Serrano contra la libertad de expresión
La trampa legislativa detrás del discurso contra la inteligencia artificial.
Bajo la apariencia de proteger a la sociedad del uso indebido de la inteligencia artificial (IA), la iniciativa presentada por el diputado local del PVEM, Héctor Serrano Cortés, podría convertirse en una peligrosa herramienta de censura. Aunque se promueve como una medida para frenar la desinformación y garantizar la seguridad del Estado, en realidad, está plagada de engaños y plantea severas restricciones a la libertad de expresión en San Luis Potosí.
El proyecto propone incorporar nuevos artículos al Código Penal, en los que se castiga con hasta 12 años de prisión a quienes elaboren o difundan contenidos generados con IA que "provoquen alarma social" o manipulen información institucional. De entrada, esto ya abre la puerta a interpretaciones arbitrarias sobre qué constituye "alarma" o "manipulación".
Aunque el texto legislativo aparenta ofrecer garantías a periodistas, académicos, artistas, humoristas y críticos políticos —estableciendo que no serán sancionados si su contenido declara explícitamente su carácter y no tiene intención dolosa—, esta excepción es sumamente ambigua y contradictoria.
El problema central está en la redacción misma: si el contenido genera "alarma" o "desinformación", pero la autoridad considera que hubo dolo (intención de causar daño), entonces sí sería punible. Pero el dolo, por definición, implica precisamente eso: la voluntad de hacer algo a sabiendas de su ilegalidad. Es decir, la excepción se convierte en una trampa legal.
Peor aún, otro artículo de la misma iniciativa —el 187 Ter— anula por completo las aparentes garantías de libertad de expresión. Este artículo prohíbe el uso de la imagen, voz o identidad digital de cualquier persona sin su "consentimiento previo, específico e informado", sin importar el propósito de ese uso. Esta cláusula elimina de facto cualquier posibilidad de parodia, sátira, crítica política o representación artística si involucra a figuras públicas, lo cual es una práctica común y protegida en cualquier democracia.
Con esta prohibición, se bloquea prácticamente cualquier contenido crítico generado con IA, incluso aquellos protegidos por los artículos anteriores. El resultado: un marco legal que, lejos de regular el uso ético de la inteligencia artificial, abre un camino peligroso hacia la criminalización del discurso incómodo para el poder.
Y hay un punto que llama poderosamente la atención: la iniciativa establece que, si la conducta se realiza durante procesos electorales, la pena aumentará hasta en una mitad. Este solo detalle cambia radicalmente el sentido de la propuesta. Más que proteger a la ciudadanía de la desinformación, el verdadero objetivo parece ser blindar a los actores políticos frente a cualquier crítica o contenido incómodo en los momentos más sensibles para la democracia.
En lugar de una legislación que proteja a la sociedad del mal uso de la tecnología, esta iniciativa parece orientada a blindar a las élites políticas y públicas frente a la crítica y el escrutinio ciudadano. Es un retroceso alarmante en materia de derechos digitales, libertad de expresión y transparencia.
Como organización ciudadana nos oponemos a esta iniciativa llena de trampas premeditadas del diputado Héctor Serrano, que bajo el pretexto de controlar los riesgos de la inteligencia artificial, realmente pretende una censura disfrazada de protección. Y lo que está en juego no es menor: es el derecho a disentir, a informar y a participar libremente en la vida democrática.