Siete diputadas locales multadas por descato a un juez
Siete diputadas locales de San Luis Potosí fueron multadas con $10,374.00 a cada una por desacato a una orden de un juez.
Incluso si continúan en su falta de cumplimiento de sentencia en favor de la magistrada María Refugio González Reyes, podrán ser destituidas.
Las legisladora que con su desacato están afectado a otra mujer que tiene la ley a su favor son : Aranzazú Puente del PAN, Emma Saldaña de Movimiento Ciudadano, Gabriela Martínez Lárraga, Yolanda Cepeda del PRI, Cinthia Segovia y Nadia Ochoa de Verde y Lidia Nallely Vargas de Morena.
También es responsable de esta grave omisión el Coordinador Jurídico del Congreso del Estado Luis Fernando González.
Las siete diputadas integrantes de la Mesa Directiva del Congreso fueron sancionadas con multas de 10 mil pesos cada uno las cuales exigimos sean pagadas de su bolsillo y nunca con recursos públicos, ya que los actos que propiciaron esta sanción económica son de su responsabilidad. De acuerdo a documentación del proceso del cual tenemos copia, habría existido un acto de simulación del Congreso al señalar que se había cumplido la sentencia, sin que esto hubiera ocurrido realmente.
Lo anterior quedó registrado en el proceso de amparo 705/2020 y en el recurso de revisión 365/2021 abiertos por la magistrada del Poder Judicial del Estado, María del Refugio González Reyes contra la pasada Legislatura por no haber aprobado el dictamen de su ratificación, emitido por el Ejecutivo.
En junio de 2021, la magistrada obtuvo un fallo favorable, en el que el Juzgado Octavo ordenó al Congreso anular la votación que impidió la ratificación de la magistrada, para realizar una nueva sesión en la que el fallo sea ampliamente substanciado por los legisladores con las razones y fundamentos de la decisión.
El fallo dejaba a la Directiva del Congreso la responsabilidad de vigilar el cumplimiento del fallo.
Sin embargo, éste nunca se acató, por lo que la magistrada interpuso un recurso de revisión en 2021, que también se resolvió a su favor y reiteró el pedido.
El 22 de marzo, el Congreso fue notificado de que en tres días debía dar cumplimiento a la sentencia. El término del plazo sería el 27 de marzo.
En un auto publicado por el Juzgado, queda asentado que 28 de marzo, por vía de la Coordinación Jurídica, el Congreso “pretendió dar cumplimiento, exhibiendo oficio firmado por la diputada Cinthia Verónica Segovia Colunga y remitiendo oficio con el que pretendieron dar cumplimiento a ello”.
Al día siguiente, el Juzgado determinó el apercibimiento al Congreso estatal debido a que “no dio cumplimiento a la ejecutoría del amparo”.
Así, a la Directiva se le aplicó las penas dispuestas en la Ley de Amparo, que es una multa a cada uno de sus integrantes por el equivalente de 100 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 10 mil 734 pesos.
En caso de volver a ser omisos, y que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá a cada uno, una multa por el equivalente a doscientos días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos del artículo 237, fracción I de la legislación en cita.
Además de que, sin más trámite, se remitirán los autos al superior para el trámite de inejecución e inhabilitación de cada uno de los integrantes del Consejo Directivo del citado Congreso.